Asesoramiento legal sobre procedimientos de reclamación en España, ejwcución de títulos alemanes o extranjeros en España, en particular, le asesoramos y representamos en la ejecición de títulos de pago alemanes en España. También ayudamos a encontrar a su deudor. Dado que nuestros abogados están habilitado para ejercer ante todos los tribunales españoles, podemos presentar la demanda de ejecución en España de titulos judiciales y no judiciales (escritura pública) alemanes.
Ha iniciado con éxito una orden de pago contra uno de sus deudores y ahora desea iniciar la ejecución? O, después de completar con éxito una demanda, está en posesión de un fallo que le ordena al deudor pagar y desea ver finalmente el dinero? Quizás el primer intento fallido de ejecución ocurrió hace algún tiempo y usted sabe que el deudor ahora ha vuelto al dinero? Le ayudamos a obtener tus derechos y dinero ! Te ayudamos a obtener tus derechos y dinero !
La aplicación de títulos de pago extranjeros (sentencias, decisiones de fijación de costos, acuerdos, etc.) en España se basa en el Decreto Legislativo de la UE 44/2001, que entró en vigor el 1 de marzo de 2002. Reemplaza el Convenio de Bruselas sobre jurisdicción y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil del 27 de septiembre de 1968 y el Tratado alemán-español del 14 de noviembre de 1983 sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias y acuerdos y documentos públicos exigibles en Asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, el Decreto Legislativo de la UE 44/2001 solo se aplica a aquellos títulos donde los procedimientos legales correspondientes se han iniciado después de su entrada en vigor. En el caso de documentos exigibles, solo se aplica a los documentos que se crearon después de su entrada en vigor. Las disposiciones anteriores siguen aplicándose a casos antiguos. La Convención de Lugano del 16 de septiembre de 1988 todavía se aplica a los valores suizos, por lo que deben cumplirse las siguientes condiciones: El deudor debe ser residente en España o tener los activos para hacer cumplir allí. La parte que desee hacer cumplir un título debe proporcionar una copia vinculante de la decisión. Además, deben presentarse los documentos a partir de los cuales se deduce que la decisión ha sido ejecutable y notificada por la ley alemana. En el caso de fallos por incumplimiento, también debe probarse que la solicitud ha sido notificada a la parte infractora. Según el texto de la regulación legal, el título extranjero puede ser declarado exigible. En la práctica, la aplicación puede encontrar dificultades significativas. En primer lugar, los tribunales españoles requieren la presentación de todos los documentos en traducción al español. Un abogado que sea admitido para ejercer en España debe presentar la solicitud de ejecución por escrito al tribunal local competente de primera instancia. También se requiere la participación de un procurador judicial. Además de una descripción de los hechos, el escrito escrito por el abogado y presentado por el fiscal también contiene una justificación legal.
El tribunal que se ocupa de la solicitud emite su decisión sin darle al deudor la oportunidad de hacer una declaración en esta sección del procedimiento. Si se permite la ejecución en esta decisión, el deudor puede apelar contra la decisión dentro del mes siguiente a la notificación. Mientras transcurra el período previsto para esto y mientras no se haya decidido el remedio legal, la ejecución de los activos del deudor no debe ir más allá de las medidas para asegurar la propiedad (como el embargo adjunto). Desde un punto de vista práctico, la solicitud real de ejecución del título debe prepararse primero a través de medidas de investigación para determinar los activos del deudor. Como regla general, verificar los registros de tierras, los registros de envío y comerciales es particularmente útil aquí. Si se otorga la solicitud de ejecución, la corte también puede obtener información sobre otros activos del deudor (cuentas bancarias, seguro de vida). La ejecución a realizar en España ha sido modificada por el nuevo Código de Procedimiento Civil, que entró en vigencia el 7 de enero de 2001. Según el nuevo Código de Procedimiento Civil, el tribunal ahora solicita al deudor que proporcione información sobre sus activos existentes. La efectividad de esta medida está garantizada por una multa correspondiente si se proporciona información incorrecta o incompleta o si se rechaza la solicitud.
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